Santo Domingo.-Un grupo de empresarios pidió a la directora General de
Compras y Contrataciones Públicas, doctora Yocasta Guzmán intervenir y tomar
medidas ante el supuesto monopolio en las licitaciones realiza el Plan de
Asistencia Social de la Presidencia de la República.
Los denunciantes indicaron que al parecer el director de
esa entidad, ingeniero César Prieto, con sus acciones maneja el Plan Social
como una empresa de su propiedad.
“Llamamos con carácter de urgencia a la licenciada
Yocasta Guzmán a que intervenga, tanto al Señor César Prieto como la encargada
de Compras de esa entidad, Altagracia Sánchez, porque están conduciendo el Plan
Social, no del todo claro”, expresaron los afectados.
Basaron su argumento en que de acuerdo a lo que
estable la Ley 340-06 sobre Comparas y Contrataciones al Estado, es obligatorio
permitir la participación de toda empresa que
cumpla con los requisitos de la referida Ley, coso que no se está
aplicando en la práctica.
Los comerciantes señalaron que en más de una ocasión, han
solicitado que se modifique el Pliego General de Condiciones para la
adquisición de artículos comestibles y que en las mismas sean incluidas las
pequeñas empresas y la compra de productos importados.
Explicaron, sin embargo, que de forma casi dictatorial
el Plan Social mediante la resolución Administrativa No. 001-2015, decidió no
realizar ninguna enmienda al Pliego General
de Condiciones a las PASP-LPN-008-2015 Y
PASP-LPN-009-2015.
Señalaron que la entidad oficial alegó que como la
elaboración del Pliego General de Condiciones,
es remitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones, y se adecúa
al interés y a la necesidad del Plan de Asistencia Social y el país no necesita
enmienda alguna.
“Atendido a que todos los oferentes, deben de
adherirse a lo que exija la institución,
de lo contrario no podrán participar en dichas licitaciones Públicas”, expresa
el Plan Social, con lo que tácitamente da a entender que está por encima de la
Ley 340-06, de Compras y Contrataciones, que es su órgano rector.
Indicaron además, que el Plan Social, como una forma
de coartar o limitar la participación de pequeñas empresas, mediante una
circular, a todas luces violatoria de los reglamentos y disposiciones, especifica
una serie de articulados que se contraponen con la normativa vigente.
En ese sentido destacaron que se aumentó el impuesto de
garantía económica de cumplimiento de contrato de seriedad de la oferta de un
uno por ciento a un 10% del monto total de la adjudicación.
Aducen que “el propósito es ponérselas difícil a los
pequeños comerciantes, a fin de que no puedan participar por no estar en
condiciones económicas como los grupos que sí son favorecidos con las amañadas
licitaciones”.
Destacaron que la directora general de Contrataciones
Públicas, en el considerando No. 19 de la Resolución administrativa No. 101, de
fecha 30 de noviembre del 2015, indicó: “Que además, en el pliego de
condiciones de la licitación de referencia, al admitir únicamente alimentos de
producción nacional en un proceso que no está dirigido exclusivamente a las
micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), estaría vulnerando los
principios de participación, igualdad y libre competencia, que rigen las
compras y contrataciones públicas”.
Calificaron como muy cuestionable que a la fecha Plan Social, no haya dado muestra de haber acogido las
recomendaciones emitidas por su órgano rector y mucho más inquietante que esa Dirección General continúe permitiendo
que esa entidad viole groseramente la Ley 340-06.
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