SANTO DOMINGO.- La Fundación de Militares Constitucionalistas del 24
de Abril de 1965 llamó a los nuevos jueces de la Junta Central Electoral (JCE)
a establecer controles ante el soborno y la compra de cédulas, para impedir el
voto o inducirlo a favor de organización alguna como ha sucedido en los últimos procesos nacionales.
Hablado en nombre de la entidad, su presidente
Ad-vitam, licenciado Andrés Reyes Fortunato Victoriá, dijo que constituye una
gran preocupación el que haya una constante en cada una de las elecciones que
se han celebrado en el país desde el 1 de junio de 1966 a la fecha, donde el
soborno y la compra y venta de cédulas han sido alarmantes.
Explicó que lo más lamentable es que “Todo esto ha sucedido
en presencia de las autoridades electorales, de todos los niveles, encargadas
de velar por la diafanidad del proceso, quienes con su indiferencia y
complicidad han sido corresponsables de esas malas prácticas”.
Fortunato Victoriá señaló que con tal accionar los más
de cuatro mil ciudadanos y ciudadanas nominados a los cargos electivos, para
ocupar la Presidencia de la República, así como la dirección de los
ayuntamientos y el Congreso Nacional, ganen los que han acumulado mayor
cantidad dinero de dudosa procedencia.
Aseguró que así se han burlado, no sólo de la
Constitución y las leyes del país, sino de la dignidad de los que heredan la
pobreza causada por los mismos que, de manera viciada, salen electos en cada
uno de los procesos electorales, los cuales venden sus cédulas al mejor postor,
para saciar, muchas veces, un día.
Mediante rueda de prensa, Victoriá entregó un
documento dirigido a los Honorables jueces de la JCE, Dr. Julio César Castaño
Guzmán, Lic. Roberto Saladín, Licda. Carmen Imbert Brugal, Licda. Rosario Graciano
y Li. Henry Mejía en el que se destacan sus mayores preocupaciones.
“Después de saludarlos y felicitar a cada uno de
ustedes, por haber sido designados como miembros de la JCE, organismo encargado
de hacer posible que en nuestro país se celebren elecciones conforme a lo
establecido en la Constitución, la Ley 275-97 y demás leyes conexas, nuestra
institución, surgida para rescatar la memoria de abril de 1965 y velar por el
fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, hacemos públicas
nuestras inquietudes”, relata el documento.
Agrega que “mientras el soborno y la compra y venta de
cédulas se incrementan en cada una de las elecciones, por falta de conciencia
ciudadana, para ejercer su voto conforme a las normas legales; los locales de
los partidos y organizaciones políticas, encargadas de elevar los niveles
cívicos de los electores, permanecen cerrados, no obstante haber recibido
éstos, más de RD$10,000, 000.000.00 por parte del Estado, desde el 1998, a la
fecha”.
Lamenta que estas organizaciones no eduquen a su
militancia, como muy bien lo expresa el numeral 2 del art. 216 de la
Constitución cuando señala, que entre los fines de los partidos políticos está,
el de "Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y
manifestación de la voluntad ciudadana".
“Todo esto se lo solicitamos en nombre de los más de
los Siete Mil (7,000) muertos de abril. Aquel abril que nos ha dado la
oportunidad de vivir Cincuenta y Un año de vida de sucesión de gobierno, sin
golpes de Estado, como nunca antes en nuestra historia republicana y que,
penosamente desperdiciamos cuando se comenten burlas como el soborno y la
compra de cédula, entre otros”, precisa.
Por ORLANDO ARIAS
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