SANTO DOMINGO.- Las Confederaciones Autónoma Sindical Clasista (CASC),
Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y Nacional de Unidad Sindical
(CNUS), se mostraron altamente preocupadas por la rotura de la paz laboral que
inexplicablemente desde los sectores empresariales y gubernamentales se está
promoviendo.
En una rueda de prensa conjunta, este jueves, afirmaron
que “lamentable, nos vemos obligados a hacer el anuncio a partir de los
anteproyectos de reformas no consensuados tripartitamente, como había sido
prometido por el Señor Presidente, que fueron sometidos por el Poder Ejecutivo
ante el Congreso Nacional”.
Explicaron que por ello decidieron retirarse del
dialogo que se venía sosteniendo sobre la modificación al Código Laboral, el
tema de la cesantía, transfiriéndolo del
Artículo 80 de la Ley 16/92 o Código de Trabajo al proyectado Instituto
Nacional de Riesgos Laborales, que además de la misión para lo cual
supuestamente será creado, asumiría la protección por desempleo y desahucio,
cuando los Trabajadores sean dejados cesantes por sus empleadores.
Informaron que “como primera acción, el movimiento sindical ha decidido la convocatoria para el próximo miércoles 10 de abril, a partir de las 10.00 a.m. realizar una Gran Marcha que partirá del Parque Enriquillo al Palacio Nacional. Llamamos a la clase trabajadora sindicalizada y no sindicalizada y a toda la sociedad a marchar por las demandas reivindicativas de nuestro sector”.
El vecero, Rafael (Pepe) Abreu expresó
“Eso por supuesto, implica que la cesantía laboral sería calculada en base al
mínimo vigente en el sector de la economía al que pertenezca el trabajador,
tomando en cuenta la existencia de más de 14 salarios mínimos en el país y cuya
aplicación también aboliría el contenido de la Ley Laboral que establece el
cálculo de las prestaciones sobre los promedios salariales del último año o
fracción del último año”.
Esto quiere decir, agregó Pepe Abreu “en resumen, que
el trabajador tendría pérdida doble en esta absurda pretensión de eliminar la
cesantía de la ley laboral”.
En tanto que Gabriel del Río Doñé, presidente de la
CASC, alegó “en segundo lugar consideramos
que el cumplimiento de la ley 87-01 en el mandato otorgado para la adecuación
del IDSS, 18 años después lamentablemente, no se asumió, esta situación generó
una mayor carencia y precariedad en la mayoría de los servicios que presta a
los trabajadores afiliados y una incertidumbre permanente en los empleados por
su permanencia en el empleo, por lo que demandamos al gobierno les garantice el
puesto de trabajo.
Solicitó además que el Gobierno garantice el
tripartismo en el Instituto Nacional de Riegos Laborales (INARIL), con la
participación de las tres centrales principales del país, y asegure una pensión
digna con su último salario a los trabajadores del IDSS, con más de 20 años de
labor en esa Institución.
Mientras que Jacobo Ramos, presidente de la CNTD, entiende
que en el paquete de anteproyecto enviado por el Mandatario hay un punto que
llama poderosamente la atención, resulta que funcionarios del gobierno y las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) en ausencia de los sujetos
fundamentales que son los trabajadores del sistema de pensiones, se reunieron
para acordar que en escala descendente, el monto de las ganancias de las AFPs
va a ser reducido para con el ahorro de 40 Mil Millones, supuestamente aumentar
las futuras pensiones de los afiliados.
“Pero ocurre que en los hechos las AFPs resultarían
altamente gananciosas porque en resumen el volumen crecería vertiginosamente y
la seguridad de estas instituciones para sus ganancias no dependería del
resultado de las ganancias obtenidas por inversiones, sino del monto de los
fondos acumulados”, se quejó Ramos.
Por todo lo anterior, las tres mayores centrales
sindicales manifestaron “Continuaremos nuestra luchas para hacer realidad la
atención primaria para os trabajadores y su familia del régimen contributivo
como mana la ley 87-01”.
Por ORLANDO ARIAS
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