sábado, 6 de junio de 2015

Acoprovi dice medidas ilegales de la DGII dificultan el acceso a viviendas

Santo Domingo.-Los  ajustes a los precios de las viviendas de bajo costo publicados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el pasado jueves 28 de mayo, se realizan en contravención a las leyes y decretos que rigen y norman la valoración de este tipo de viviendas, al tiempo que  alejan a miles de familias dominicanas de las posibilidades de acceder a un techo propio.

Así lo entienden la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA),  la Cámara Dominicana de la Construcción  (CADOCON),  la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI).

También la Asociación de Empresas Inmobiliarias (AEI), la Asociación de Ferreteros (ASODEFE), la Asociación de Sociedades  Fiduciarias Dominicanas (ASOFIDOM), la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (ADOCEM) y la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana (SARD), quienes, en rueda de prensa se expresaron al respecto.

Según estas organizaciones, las cuales representan los sectores fundamentales en la vida económica nacional, la DGII viola las disposiciones del Código Tributario, de la Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, el Decreto 359-12 sobre acreditación de proyectos de viviendas de bajo costo.

“El Decreto 359-12 sobre acreditación señala claramente que el cálculo a realizarse para determinar el valor máximo de las viviendas de bajo costo debe tomar el año 2009 como punto de partida, sin embargo la DGII realiza su cálculo a partir del año 2011” declaró el Ing. Héctor Bretón, presidente de ACOPROVI, al señalar que de cumplirse lo ordenado por la ley una mayor cantidad de familias obtendrían bonos para las viviendas.

Explicó que de conformidad con el párrafo 26 del Decreto 359-12, el precio tope de las viviendas de bajos costos que pueden beneficiares de los incentivos de la Ley 189-11 es de RD$ 2,829,572.35, en cambio la DGII considera que el tope es de RD$ 2,307,060.92.

Entiende que cumplir con lo que ordenan las leyes y el decreto del valor de la vivienda de bajo costo es fundamental para la disminución del déficit habitacional, puesto que los adquirientes de este tipo de viviendas tienen derecho a recibir de parte del Estado, un bono, sostienen.

Bretón dijo además “El gobierno a través del Ministerio de la Presidencia, del Banco Central, de la Junta Monetaria y del Banco de Reservas, está haciendo aportes fundamentales en este sentido, no obstante la DGII  toma medidas en contra del propio gobierno llevándolo a la  ilegalidad, y las entidades aquí representadas anunciamos que iniciaremos las acciones administrativas y judiciales necesarias para que la DGII cumpla el ordenamiento de la ley”.

En ese sentido agregó “La ley 189/11 es una ley social y de desarrollo, no obstante la DGII no lo visualiza así.  Es inaceptable que se continúe violando las leyes de nuestro país por el solo interés de aumentar las recaudaciones. La voracidad tributaria  no puede trascender los límites y procedimientos trazados por nuestras leyes”.

“Mientras que el presidente Danilo Medina, mediante el decreto 153-13, estableció en el año 2013  el valor en RD$ 2,400,00.00,  y mientras el Banco Central y la Junta Monetaria, a través de la recién liberación de encaje legal, también lo consideran de RD$ 2,400,000.00,  ahora la DGII pretende considerar un valor menor, cuando debe ser  se RD$ 2,829,572.35, de acuerdo con el decreto  359-12”, afirmó el Ing. Bretón.

Expresó que de  igual forma,  con la publicación de la norma 01- 2015 la DGII  trata anular los incentivos previstos por la ley 189-11 en su artículo 131 que exonera, a los fideicomiso para la producción de vivienda de bajo costo, de todo tipo de impuestos sobre la construcción, la ganancia de capitales y el impuesto sobre la renta,  así como cualquier otro impuesto que afecta a la construcción de este tipo de proyecto, en el entendido de que ningún impuesto podrá aplicarse a la construcción de la vivienda de bajo costo.

Ante la prensa nacional, las mencionadas entidades indicaron que hicieron todos los esfuerzos posibles en reuniones con la DGII y los diferentes estamentos del gobierno para hacerles entender que, de no cumplir la ley, además de darle una estocada al sector de la construcción, al sector fiduciario y al sector financiero, pondrían en entre dicho su voluntad de resolver los problemas a la familia dominica que necesita una vivienda, las cuales  se construyen en base a esquemas legales que ahora pretenden ser desconocidos.

“Medidas como estas afectan a la institucionalidad del país, afecta la seguridad jurídica y la inversión, ya que hay muchas familias que han comprado sus viviendas confiando en que se respetaría el Decreto 359-12 emitido por el presidente Leonel Fernández”, aseguró.

Finalmente señaló “Le solicitamos al honorable señor presidente Danilo Medina Sánchez  procurar  que la DGII cumpla con la ley 189-11,  con los incentivos que establece en su artículo 131 para que se pueda construir  a más bajo costo, y con el decreto 359 - 12 que establece el monto de la    vivienda de bajo costo en 2, 829,572.35”, sostuvo el  presidente de ACOPROVI.

Por ORLANDO ARIAS

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