Santo Domingo.-Los ajustes a los precios de las viviendas de
bajo costo publicados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el
pasado jueves 28 de mayo, se realizan en contravención a las leyes y decretos
que rigen y norman la valoración de este tipo de viviendas, al tiempo que alejan a miles de familias dominicanas de las
posibilidades de acceder a un techo propio.
Así lo
entienden la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas
(ACOPROVI), la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana
(ABA), la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI), el
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), la Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON),
la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao
(APROCOVICI).
También la
Asociación de Empresas Inmobiliarias (AEI), la Asociación de Ferreteros
(ASODEFE), la Asociación de Sociedades Fiduciarias
Dominicanas (ASOFIDOM), la Asociación Dominicana de Productores de Cemento
(ADOCEM) y la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana (SARD),
quienes, en rueda de prensa se expresaron al respecto.
Según estas organizaciones,
las cuales representan los sectores fundamentales en la vida económica
nacional, la DGII viola las disposiciones del Código Tributario, de la Ley
189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, el Decreto
359-12 sobre acreditación de proyectos de viviendas de bajo costo.
“El Decreto
359-12 sobre acreditación señala claramente que el cálculo a realizarse para
determinar el valor máximo de las viviendas de bajo costo debe tomar el año
2009 como punto de partida, sin embargo la DGII realiza su cálculo a partir del
año 2011” declaró el Ing. Héctor Bretón, presidente de ACOPROVI, al señalar que
de cumplirse lo ordenado por la ley una mayor cantidad de familias obtendrían
bonos para las viviendas.
Explicó que de
conformidad con el párrafo 26 del Decreto 359-12, el precio tope de las
viviendas de bajos costos que pueden beneficiares de los incentivos de la Ley
189-11 es de RD$ 2,829,572.35, en cambio la DGII considera que el tope es de
RD$ 2,307,060.92.
Entiende que cumplir
con lo que ordenan las leyes y el decreto del valor de la vivienda de bajo
costo es fundamental para la disminución del déficit habitacional, puesto que
los adquirientes de este tipo de viviendas tienen derecho a recibir de parte
del Estado, un bono, sostienen.
Bretón dijo
además “El gobierno a través del Ministerio de la Presidencia, del Banco
Central, de la Junta Monetaria y del Banco de Reservas, está haciendo aportes
fundamentales en este sentido, no obstante la DGII toma medidas en contra del propio gobierno
llevándolo a la ilegalidad, y las
entidades aquí representadas anunciamos que iniciaremos las acciones
administrativas y judiciales necesarias para que la DGII cumpla el ordenamiento
de la ley”.
En ese sentido
agregó “La ley 189/11 es una ley social y de desarrollo, no obstante la DGII no
lo visualiza así. Es inaceptable que se
continúe violando las leyes de nuestro país por el solo interés de aumentar las
recaudaciones. La voracidad tributaria
no puede trascender los límites y procedimientos trazados por nuestras
leyes”.
“Mientras que
el presidente Danilo Medina, mediante el decreto 153-13, estableció en el año
2013 el valor en RD$ 2,400,00.00, y mientras el Banco Central y la Junta
Monetaria, a través de la recién liberación de encaje legal, también lo
consideran de RD$ 2,400,000.00, ahora la
DGII pretende considerar un valor menor, cuando debe ser se RD$ 2,829,572.35, de acuerdo con el
decreto 359-12”, afirmó el Ing. Bretón.
Expresó que de igual forma,
con la publicación de la norma 01- 2015 la DGII trata anular los incentivos previstos por la
ley 189-11 en su artículo 131 que exonera, a los fideicomiso para la producción
de vivienda de bajo costo, de todo tipo de impuestos sobre la construcción, la
ganancia de capitales y el impuesto sobre la renta, así como cualquier otro impuesto que afecta a
la construcción de este tipo de proyecto, en el entendido de que ningún
impuesto podrá aplicarse a la construcción de la vivienda de bajo costo.
Ante la prensa
nacional, las mencionadas entidades indicaron que hicieron todos los esfuerzos
posibles en reuniones con la DGII y los diferentes estamentos del gobierno para
hacerles entender que, de no cumplir la ley, además de darle una estocada al
sector de la construcción, al sector fiduciario y al sector financiero,
pondrían en entre dicho su voluntad de resolver los problemas a la familia
dominica que necesita una vivienda, las cuales
se construyen en base a esquemas legales que ahora pretenden ser
desconocidos.
“Medidas como
estas afectan a la institucionalidad del país, afecta la seguridad jurídica y
la inversión, ya que hay muchas familias que han comprado sus viviendas
confiando en que se respetaría el Decreto 359-12 emitido por el presidente
Leonel Fernández”, aseguró.
Finalmente
señaló “Le solicitamos al honorable señor presidente Danilo Medina Sánchez procurar
que la DGII cumpla con la ley 189-11,
con los incentivos que establece en su artículo 131 para que se pueda
construir a más bajo costo, y con el
decreto 359 - 12 que establece el monto de la
vivienda de bajo costo en 2, 829,572.35”, sostuvo el presidente de ACOPROVI.
Por ORLANDO ARIAS
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