Santo Domingo.- La Cámara de Diputados aprobó este martes un proyecto de resolución que solicita al presidente de la República Luis Abinader que se le otorguen becas a jóvenes dominicanos residentes en el exterior.
ORLANDO ARIAS
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La auditoría, ordenada por el periódico El Faro Latino, fue realizada por la empresa Disla Doñé y Asociados, entre el 28 de enero y el 25 de febrero de 2021.
El periodista Esteban Cabrera, editor de El Faro Latino explicó que su trabajo abarcó el periodo cubierto desde el 11 de marzo de 2020 al 02 de diciembre del 2020, según los documentos entregados por la Junta Central Electoral (JCE).
El escarceo fue dirigido por Juan Tomás Disla, auditor supervisor, José Ramón Aybar, auditor encargado y Eufemia Mora Familia, auditor integrante.
Cabrera dijo que todos los detalles de la auditoría forense serán publicados en El Faro Latino y otros medios estadounidenses y de la República Dominicana durante esta semana.
Los auditores dijeron que el examen tuvo el objetivo de encontrar y demostrar actos ilícitos que sirvan de pruebas en un proceso judicial contra las personas o instituciones que los practicaron durante las elecciones generales del año 2020.
Con la misma se persigue además determinar que las transacciones pagadas cumplan con los requisitos de soportes, verificar la devolución de sobrantes, determinar la existencia razonable de los pagos realizados y determinar que el movimiento del dinero sea real, explica un documento para la prensa.
“Se aclara que el funcionario responsable durante la ejecución del presupuesto fue el ingeniero Gilberto Cruz Herasme”, añaden los auditores en referencia al director del voto dominicano en el exterior, suspendido junto a otros funcionarios por la comisión investigadora de pleno de la JCE, basándose en evidencias preliminares.
Resaltan que la auditoría muestra pagos sin ningún soporte por rentas de locales, servicios variados, registrados hasta casi dos meses después de las elecciones.
Se recuerda que el doctor Yomare Polanco había demandado que una comisión de la JCE investigue, no solo el uso de los fondos empleados en el proceso eleccionario pasado, sino también la mafia electoral que supuestamente operó durante el mismo.
Por ORLANDO ARIAS