Santo Domingo.-Un grupo de empresarios pidió a la directora General de
Compras y Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán tomar medidas ante el monopolio
en las licitaciones que realiza el Plan de Asistencia Social de la Presidencia
de la República, al indicar que al parecer el incumbente de esa entidad, ingeniero
César Prieto está por encima de la Ley.
Los denunciantes basaron su petición en que de acuerdo
a lo que estable la Ley 340-06 sobre Comparas y Contrataciones al Estado, es
obligatorio permitir la participación de toda empresa que cumpla con los requisitos de la referida Ley.
Los comerciantes consultados al respecto, y quienes pidieron reserva de sus nombres, regularmente participan en las licitaciones, señalaron que la mayoría las gana siempre “un selecto grupo”, por lo que han solicitado en más de una ocasión que se modifique el Pliego General de Condiciones para la adquisición de artículos comestibles y que en las mismas sean incluidas las pequeñas empresas y la compra de productos importados.
Explicaron, sin embargo, que de forma casi dictatorial
el Plan Social mediante la resolución Administrativa No. 001-2015, decidió no
realizar ninguna enmienda al Pliego General
de Condiciones a las PASP-LPN-008-2015 Y
PASP-LPN-009-2015.
Que asimismo, la entidad oficial agregó que como la
elaboración del Pliego General de Condiciones,
es remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones, y se adecúa
al interés y a la necesidad del Plan de Asistencia Social y el país, por lo que
el mismo está bien estructurado y por ende no necesita enmienda alguna.
Indican además, que el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, como una forma de
coartar o limitar la participación de pequeñas empresas, mediante una
circular, a todas luces violatoria de
los reglamentos y disposiciones, especifica una serie de articulados que se
contraponen con la normativa vigente.
Los empresarios pusieron como ejemplo que a pesar de
que el artículo 112 de la citada Ley estable que los oferentes o los
adjudicatarios deberán constituir las garantías de seriedad de la oferta: Uno
por ciento (1%) del monto de total de la oferta. Del fiel cumplimiento del
contrato: Cuatro por ciento (4%) del monto total de la adjudicación. Mientras
que para las MIPYMES, la de fiel cumplimiento de contrato: Uno por ciento (1%).
Sin embargo, denuncian que mediante la Circular No.
DCC-001-16 del 16 de febrero del año en curso, el Plan de Asistencia Social
decidió de manera unilateral aumentar la garantía de cumplimiento de contrato a
un diez por ciento (10%), en franca violación a la Ley 346-06, que rige las
Compras y Contrataciones.
Explican que “el propósito es ponérselas difícil a los
pequeños comerciantes, a fin de que no puedan participar por no estar en
condiciones económicas como los grupos que sí son favorecidos con las amañadas
licitaciones”.
Ante este mar de incongruencias y desmanes en contra
de empresarios dominicanos que tributan religiosamente al Estado a través de
los impuestos que pagan, se impone que la funcionaria tome acciones urgentes, a fin de que la igualdad prime todo el
accionar de la vida económica del país, dando igual participación a todos.
“Llamamos con carácter de urgencia a la licenciada
Yocasta Guzmán a que intervenga cuanto antes, por que el Señor César Prieto
está conduciendo el Plan Social como una empresa de su propiedad, violentando
la propia Ley de su órgano rector y en desmedro del debido proceso de comercialización
con justicia e igualdad de condiciones
para todo el empresariado nacional”, reclaman los afectados.
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