Por ORLANDO ARIAS
Santo Domingo. - La Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas (FEDELAC) y la Federación Agraria La Altagracia de Montecristi hacen un enérgico llamado a la opinión pública nacional para que no caiga en la trampa de una campaña publicitaria maliciosa y llena de desinformación, fraguada por grupos de supuestos traficantes de terrenos estatales en la provincia de Montecristi y sus áreas circundantes.
En medio de esta situación, los voceros de FEDELAC y La
Altagracia de Montecristi, Luciano Robles y Crucito M. Toribio,
respectivamente, destacan la importancia de no otorgar credibilidad a los
mensajes distorsionados propagados por este reducido grupo de individuos. Cuyo
principal objetivo es socavar los esfuerzos del Instituto Agrario Dominicano
(IAD) por recuperar legalmente los terrenos del Estado que han sido ocupados
ilegalmente.
De acuerdo a Robles y Toribio, pronto, la ciudadanía
dominicana será informada acerca de los actos ilícitos perpetrados por estos
individuos en perjuicio del Estado y de cientos de familias desfavorecidas en
la región.
Revelaron que varios miembros de esta banda enfrentan
procesos judiciales en los tribunales de Montecristi. Sin embargo, su falta de
encarcelamiento refleja las falencias del sistema de justicia y de las propias
instituciones estatales ante la amenaza de la delincuencia organizada.
“Este grupo, que ha
operado durante años y bajo diversas administraciones gubernamentales,
involucra a líderes de diversos partidos políticos, exfuncionarios de diversas
instituciones, legisladores, abogados judiciales y personal del sistema de
justicia. La amplitud de sus conexiones sugiere que posiblemente trasciendan
otras facetas del crimen. Esto demuestra la habilidad de la banda para ejecutar
sus acciones fraudulentas con impunidad”, explican mediante un comunicado de
prensa.
FEDELAC y la Federación Agraria La Altagracia hacen un
llamado al director general del Instituto Agrario Dominicano y al Presidente de
la República para que no se dejen influenciar por estos delincuentes, cuyo
único objetivo es obstaculizar la aplicación de la Ley y la búsqueda de
justicia para las víctimas afectadas por sus acciones.
Si es necesario, ambos grupos se comprometen a unirse a los
afectados en protestas pacíficas hasta que se haga justicia y los responsables
de estos actos sean llevados ante la Ley.
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